Sabana de Bogotá: Gobierno Nacional y Distrito en conflicto por plan de ordenamiento ambiental
Un nuevo conflicto socioambiental ha surgido en Colombia debido a la propuesta del Gobierno Nacional sobre establecer lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá. Esta iniciativa ha generado una oposición por partes de las autoridades locales y gremios económicos, quienes argumentan que la medida afecta el desarrollo de planes estratégicos en áreas clave como vivienda, protección ambiental, acceso a la energía y suministro de agua para la ciudad.
Un plan nacional para proteger ecosistemas clave
En
marzo de 2025, el Ministerio de Ambiente presentó una resolución que busca
proteger ecosistemas estratégicos de la Sabana de Bogotá. Este proyecto destaca
la urgencia de salvaguardar cinco áreas de especial importancia ambiental:
zonas de recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos
subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales. Estas medidas buscan
garantizar la sostenibilidad hídrica y ecológica de la región.
Reacciones desde el Distrito: autonomía y desarrollo en juego
El
presidente Gustavo Petro defendió la medida, argumentando que es esencial para
garantizar el agua de millones de habitantes y frenar la expansión urbanística.
Declaró por medio de sus redes sociales que; “Camacol no puede seguir
pavimentando la Sabana de Bogotá porque dejará sin agua a nueve millones de habitantes.
Por primera vez deben entender que la Vida esta primero que la codicia”. Por
otro lado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, criticó la iniciativa señalando
que vulnera la autonomía territorial y pone en riesgo proyectos estratégicos de
infraestructura y vivienda necesarios para la ciudad.
Proyectos estratégicos en riesgo
Según
Galán, la resolución afectaría importantes proyectos de desarrollo urbano como
el Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, la Avenida Longitudinal de
Occidente (ALO) y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del río
Bogotá. Además, aseguró que más de 360.000 viviendas, muchas de ellas de
interés social, quedarían sin construir debido a las nuevas restricciones, lo
que impactaría negativamente la oferta de vivienda.
Para el alcalde, la resolución frenaría el desarrollo de la ciudad. Crédito: Alcaldía de Bogotá.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su preocupación por el impacto socioeconómico de la resolución, argumentando que bloquearía aproximadamente 2.983 hectáreas de suelo urbanizable, afectando la oferta de vivienda y el empleo en la región. No obstante, el Gobierno Nacional ha resaltado que la medida es fundamental para proteger la integridad ecológica de la Sabana de Bogotá, un área que alberga ecosistemas estratégicos como zonas de recarga de acuíferos, bosques andinos y humedales. Estos ecosistemas desempeñan un papel fundamental en la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad, lo que los convierte en elementos esenciales para mitigar los efectos del cambio climático.
Aunque
Camacol criticó la falta de concentración en la labor de una normativa, el Gobierno
asegura que se ha trabajado estratégicamente por más de un año para garantizar
la sostenibilidad ambiental de la ciudad. Los conflictos entre la Alcaldía de
Bogotá y el Gobierno Nacional reflejan una disputa de prioridades, la que busca
el desarrollo urbano y la protección ambiental.
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